Historia

Los inicios

En la Argentina los Planes Quinquenales desde la década de 1940 y luego la creación del Consejo Nacional de Desarrollo (CONADE) a comienzos de la década de 1960 marcan los hitos del inicio sistemático de las tareas de planeamiento estatal. Enmarcado entre ambos, el planeamiento educativo se instala como una función de la gestión educativa hacia fines de la década de 1950. Los estados nacionales necesitaban planificar su intervención en las distintas áreas de la actividad social como un modo de potenciar los factores que incidían en el desarrollo. Desde entonces el planeamiento se convirtió en una función estatal indelegable en todas las áreas de su intervención.

El CONADE mantuvo fuertes atribuciones en cuanto al planeamiento de todas las áreas de intervención estatal hasta comienzos de la década de 1970, cuando la actividad de planeamiento fue absorbida por cada ministerio. Así, el Ministerio de Educación nacional incorporó el planeamiento como una función propia y la misma se reflejó en algunas provincias.

Acorde a su época, la introducción en la Argentina del planeamiento educativo estuvo fuertemente asociada a las corrientes economicistas que sostenían la teoría del capital humano, la cual concebía la educación como una inversión productiva y postulaba la necesidad de un crecimiento planificado de acuerdo con metas y objetivos de los planes globales de desarrollo. Se trataba básicamente de formar recursos humanos que puedan desenvolverse en la transición de una sociedad tradicional a una sociedad moderna, considerando la planificación del sector educativo como condición para el desarrollo económico junto con la disponibilidad de factores tecnológicos y recursos energéticos.

La primera mitad de los 70

Hacia comienzos de la década de 1970 se formulan fuertes críticas a la estructura administrativa del Estado y el planeamiento empieza a considerarse no como una actividad especializada de un área del Estado sino como una actividad que debía formar parte de las funciones corrientes de todos los agentes estatales. Se formula asimismo en 1974 un Plan Trienal de descentralización administrativa para aliviar la concentración del aparato burocrático en el orden nacional, cuya realización no llegó a concretarse en forma acabada pero que representó una clara toma de conciencia de la necesidad de abordar la problemática desde la planificación estatal.

La dictadura

Durante la última dictadura militar, las capacidades de planeamiento tal como fueron construidas desde la década de 1960 fueron fuertemente minadas, tanto por la persecución de investigadores, académicos y especialistas (muchos de los cuales debieron exiliarse), como por la desinversión en investigación y estadística, entre otras áreas. El Ministerio de Planeamiento se encargó fundamentalmente de tareas de propaganda y no desempeñó ninguna de las funciones hasta entonces clásicas del planeamiento. Durante la dictadura se interrumpieron las series estadísticas y el proceso de transferencia de servicios educativos de 1978 no fue seguido con relevamientos de información.

La recuperación democrática

La década de 1980 estuvo marcada por intentos trabajosos por recuperar esas capacidades estatales. Desde el punto de vista de la estadística educativa, no se logró una recuperación plena de esta actividad. Los diagnósticos que se impusieron hacia el final de la década (sobre todo tras el Congreso Pedagógico) acerca del "vaciamiento de contenidos" hablaban de un empobrecimiento del debate en una de las funciones sensibles del planeamiento que consistía en la formulación del curriculum.

La definitiva transferencia de servicios educativos nacionales a las provincias en 1992 provocó una mayor especialización de las funciones de gestión y de planeamiento en el nivel nacional. Un Ministerio sin escuelas a cargo encontraba su sentido en el ejercicio de las funciones de planeamiento. Aquellos debates se reconstruyeron y se continuaron en el campo académico, de manera dispar en distintas universidades y centros de investigación y se reintrodujeron en el ámbito de la gestión educativa en el contexto de la reforma de 1993.

El contexto de transferencia y reforma que las provincias debieron gestionar exigió importantes capacidades de planeamiento por parte de los ministerios provinciales. En ese marco, se impusieron los programas como modo prioritario de diseñar e implementar políticas. La estructura de programas –con gestión, evaluación y recursos propios- en el intento de disminuir la burocracia y ganar en eficiencia, generaba equipos de trabajo paralelos a los que integraban tradicionalmente las estructuras que forman parte del sistema educativo (gestiones provinciales, direcciones de niveles educativos, inspectores, etc.). Si bien en cierta medida se logró actualizar ciertas prácticas, estas acciones aumentaron la desarticulación entre actores y niveles de decisión.

Durante la década de 1990 el planeamiento por programas a su vez fue parte de una estrategia que se sostenía en la idea de que era posible atender el costo social del ajuste económico a través de políticas focalizadas. Dichas políticas, además de resultar insuficientes, fueron reactivas, paliativas, fragmentaron a las comunidades y desarticularon los lazos sociales.

En el contexto de la provincia de Buenos Aires, la Ley Provincial de Educación Nº 11.612 de 1994 (artículo 45) definió una función específica de planeamiento en el ámbito de la Dirección General de Cultura y Educación que, más allá del planeamiento de las políticas educativas, atendía a la previsión de la expansión racional del sistema. Es decir, el planeamiento era entendido en clave del establecimiento de prioridades para la creación de escuelas, la dotación de recursos, entre otras cuestiones.

La provincia de Buenos Aires en los últimos años

En los últimos años, la revisión de las consecuencias de la reforma educativa de los años noventa y la reformulación del marco legal dieron un nuevo contexto para el ejercicio de la función de planeamiento.

Por otra parte, la necesidad de fortalecer la capacidad de decisión y una conducción más efectiva de los actores territoriales hizo que la provincia de Buenos Aires –como varias otras- adoptara una estructura de gestión con niveles regionales de gestión educativa, introduciendo nuevas condiciones para el diseño, implementación, ejecución y evaluación de las políticas. Se suponía que acercar las decisiones al nivel regional permitiría hacer más ágiles y adecuadas las respuestas a las demandas y los problemas de las escuelas.

En la Ley de Educación Provincial Nº 13.688 sancionada en 2007 la definición del planeamiento adquiere una mayor complejidad. En sus artículos 104 a 107 incluye, entre los temas referidos al planeamiento, no sólo aquellos que suponen la producción de diagnósticos sino también el planeamiento estratégico, prospectivo, la producción de contenidos y materiales educativos, el análisis de información estadística, bibliográfica y normativa, la investigación, la comunicación, la sistematización de alternativas y la experimentación pedagógica.